Empecemos con el principio constitucional que establece el derecho a la seguridad social de todos los españoles:

Artículo 41 de la Constitución Española


Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.


¿Y qué tiene que ver la Seguridad Social con el Sistema de Sanidad Español?


Para saberlo es preciso hacer un breve recorrido por la historia de la seguridad social en España.


1.1.1. Breve resumen de la historia de la Seguridad Social en España

El punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales (1883) que se encargó del estudio de cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo.

Posteriormente los mecanismos de protección desembocan en una serie de seguros sociales, entre los que destacan el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). La protección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente, lo que llevó a la aparición de otros mecanismos de protección articulados a través de las Mutualidades laborales, organizadas por sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como finalidad completar la protección preexistente. Dada la multiplicidad de Mutualidades, este sistema de protección condujo a discriminaciones entre la población laboral, produjo desequilibrios financieros e hizo muy difícil una gestión racional y eficaz.


En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. A pesar de esta definición de principios, muchos de los cuales se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, lo cierto es que aún pervivían antiguos sistemas de cotización alejados de los salarios reales de trabajadores, ausencia de revalorizaciones periódicas y la tendencia a la unidad no se plasmó al pervivir multitud de organismos superpuestos.


La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972 intentó corregir los problemas financieros existentes, si bien, agravó los mismos al incrementar la acción protectora, sin establecer los correspondientes recursos que le dieron cobertura financiera. Por ello, no será hasta la implantación de la democracia en España, y la aprobación de la Constitución, cuando se produzcan una serie de reformas en los distintos campos que configuran el sistema de la Seguridad Social.


En efecto, el artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres.


La primera gran reforma se produce con la publicación del Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, que, en función de lo acordado en los Pactos de la Moncloa crea un sistema de participación institucional de los agentes sociales favoreciendo la transparencia y racionalización de la Seguridad Social, así como el establecimiento de un nuevo sistema de gestión.


En la década de los ochenta se llevaron a cabo una serie de medidas encaminadas a mejorar y perfeccionar la acción protectora al extender las prestaciones de los colectivos no cubiertos y dar una mayor estabilidad económica al sistema de la Seguridad Social. Entre estas medidas, cabe citar el proceso de equiparación paulatina de las bases de cotización con los salarios reales, la revalorización de las pensiones en función de la variación del índice de precios al consumo, la ampliación de los períodos necesarios para acceder a las prestaciones y para el cálculo de las pensiones, la simplificación de la estructura de la Seguridad Social, el inicio de la separación de las funciones de financiación, de forma que, las prestaciones de carácter contributivo se fuesen financiando a cargo de las cotizaciones sociales, mientras que las de naturaleza no contributiva encontrasen su cobertura financiera en la ampliación general. Este proceso va a permitir la progresiva generalización de la asistencia sanitaria.


La década de los noventa supuso una serie de cambios sociales que han afectado a cuestiones muy variadas y que han tenido su influencia dentro del sistema de Seguridad Social: cambios en el mercado de trabajo, mayor movilidad en el mismo, incorporación de la mujer al mundo laboral etc., que han hecho necesario adaptar la protección a las nuevas necesidades surgidas.


En 1995 se firmó el Pacto de Toledo, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, que tuvo como consecuencia importantes cambios y el establecimiento de una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la Seguridad Social.


La implantación de las prestaciones no contributivas, la racionalización de la legislación de la Seguridad Social (llevada a cabo a través del nuevo Texto Refundido de 1994), la mayor adecuación entre las prestaciones recibidas y la exención de cotización previamente realizada, la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la introducción de los mecanismos de jubilación flexible y de incentivación de la prolongación de la vida laboral, o las medidas de mejora de la protección, en los supuestos de menor cuantía de pensiones, son manifestaciones de los cambios introducidos desde 1990 hasta la fecha, en el ámbito de la Seguridad Social.
Fuente: http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/HistoriadelaSegurid47711/index.htm



1.1.2. Composición de la Seguridad Social

La Seguridad Social está formada por los siguientes organismos y entidades:


Como órgano superior se encuentra el Ministerio de Trabajo e Inmigración, del que depende la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado existe un Gabinete, con un nivel orgánico de Subdirección General. A su vez, de la Secretaría de Estado dependen la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social . La gestión del Sistema de Seguridad Social español se atribuye, entre otros a los siguientes entes públicos con personalidad jurídica propia, adscritos al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
Fuente: http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/index.htm



1.1.3. Breve introducción al Sistema Sanitario Español

Respecto a la cobertura de la sanidad española, los beneficiarios de la prestación pública sanitaria son todos los españoles de acuerdo con lo establecido en Capítulo III de la Constitución Española aprobada en 1978. Concretamente establece que:

· «Artículo 39: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

· Artículo 43: Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.

· Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.»

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2000 establece los derechos y libertades de los extranjeros residentes en España, y en lo que afecta a Sanidad se refleja en los siguientes artículos:

«Artículo 3. Los extranjeros gozarán en España, en igualdad de condiciones que los españoles, de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución y en sus leyes de desarrollo, en los términos establecidos en esta Ley Orgánica.

Artículo 10. Los extranjeros tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como al acceso al Sistema de la Seguridad Social, en los términos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen.

Artículo 12. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto».

·
· El Sistema Nacional de Salud es la denominación dada a la articulación de las prestaciones sanitarias públicas de España desde 1986, en que fue creado mediante la ley General de Sanidad. Las mismas se encuentran gestionadas por las distintas comunidades autónomas tras su progresiva transferencia o por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad. La actividad de todas ellas se armoniza mediante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España para dar cohesión al sistema y garantizar los derechos ciudadanos en todo el territorio.
El artículo 44 de la Ley General de Sanidad establece que el Sistema Nacional de Salud lo forman todas las estructuras y servicios públicos puestos al servicio de la salud de los ciudadanos.

El artículo 45 establece que el SNS, integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

El artículo 46 determina las características fundamentales del SNS:
· a. La extensión de sus servicios a toda la población.
· b. La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.
· c. La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único.

· d. La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante recursos de las Administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios.
· e. La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. Ley 14/1986 General de Sanidad. Organización General de Sistema Sanitario Público.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Salud_(Espa%C3%B1a)


El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria surge a raíz del Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, que modifica y desarrolla la estructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, considera imprescindible la adaptación del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) en una entidad de menor dimensión, conservando la misma personalidad jurídica, económica, presupuestaria y patrimonial, la naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad Social y las funciones de gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD, que pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Culminado el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas, a este nuevo Instituto le corresponde la gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD, así como las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla y realizar cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios, en el marco de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Fuente:http://www.ingesa.msc.es/organizacion/quienes/home.htm


1.1.4. Organismos competenciales de la sanidad española


Ministerio de Sanidad y Política Social


El Ministerio de Sanidad y Política Social desarrolla la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. El ministerio tiene su sede central en el Paseo del Prado de Madrid, frente al Museo del Prado.


El Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social de España.


A partir de esa fecha el nuevo Ministerio asume, las competencias del extinto Ministerio de Sanidad y Consumo y de la extinta Secretaría de Estado de Política Social, Familia y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad.


El objetivo de la remodelación de competencias es proceder a un reforzamiento del papel del Ministerio de Sanidad y Política Social como instrumento de cohesión del Sistema Nacional de Salud, pasando a depender de la Secretaría General de Sanidad las competencias en materia de calidad del Sistema Nacional de Salud por lo que se adscriben a la misma la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Dirección General de Terapias Avanzadas y Trasplantes.


Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)


La Ley General de Sanidad de 1986 crea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) como órgano de coordinación general sanitaria entre el Estado y las comunidades autónomas que disponían de las transferencias sanitarias por aquellas fechas. Sería de composición paritaria, y coordinaría las líneas básicas de la política sanitaria en lo que afectase a contrataciones, adquisiciones de productos farmacéuticos, sanitarios y de otros bienes y servicios, así como los principios básicos de la política de personal.


La Ley de cohesión de y calidad del SNS introdujo cambios muy significativos en este organismo, desde su composición, funcionamiento y competencias.


A partir de esa ley el CISNS va a funcionar en Pleno, en Comisión Delegada, Comisiones técnicas y Grupos de Trabajo. El Pleno se reunirá a iniciativa del Presidente o cuando lo soliciten la tercera parte de sus miembros y deberá hacerlo, al menos, cuatro veces al año.


Por otra parte los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso. Los acuerdos de cooperación para llevar a cabo acciones sanitarias conjuntas se formalizarán mediante convenios del CISNS.


El funcionamiento del CISNS a partir de la Ley de Cohesión está muy condicionado en lo que se refiere a la adopción y cumplimiento de acuerdos vinculantes, por la utilización política de los Plenos y con la defensa a ultranza del interés que cada miembro defiende de la región a la que se debe.


Las Ponencias, Comisiones y Grupos de trabajo, han sido muy importantes y de resultados desiguales según grupos. De sus iniciativas cabe destacar:
· Comisión de Salud Pública· Comisión permanente de farmacia· Comisión científico-técnica del sistema Nacional de Salud· Comisión de seguimiento del fondo de cohesión sanitaria· Comisión permanente de aseguramiento, financiación y prestaciones· Comisión contra la violencia de género· Comisión de trasplantes
Los artículos 69, 70 y 71 de la Ley de cohesión y calidad de SNS, regulan las funciones principales del Consejo Interterritorial del SNS. Los aspectos principales del Consejo Interterritorial son:

El Consejo Interterritorial está constituido por el Ministro de Sanidad y Consumo, que ostentará su presidencia, y por los Consejeros competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas. La vicepresidencia de este órgano la desempeñará uno de los Consejeros competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas, elegido por todos los Consejeros que lo integran.

El CISNS conocerá, debatirá entre otros aspectos, y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre las siguientes materias:

· a) El desarrollo de la cartera de servicios correspondiente al Catálogo de Prestaciones del sistema Nacional de Salud, así como su actualización.
· b) El establecimiento de prestaciones sanitarias complementarias a las prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud por parte de las comunidades autónomas.
· c) Las garantías mínimas de seguridad y calidad para la autorización de la apertura y puesta en funcionamiento de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
· d) Los criterios generales y comunes para el desarrollo de la colaboración de las oficinas de farmacia.
· e) Los criterios básicos y condiciones de las convocatorias de profesionales que aseguren su movilidad en todo el territorio del Estado.
· f) La declaración de la necesidad de realizar las actuaciones coordinadas en materia de salud pública a las que se refiere esta ley.
· g) Los criterios generales sobre financiación pública de medicamentos y productos sanitarios y sus variables.

· h) El establecimiento de criterios y mecanismos en orden a garantizar en todo momento la suficiencia financiera del sistema. Las anteriores funciones se ejercerán sin menoscabo de las competencias legislativas de las Cortes Generales y, en su caso, normativas de la Administración General del Estado, así como de las competencias de desarrollo normativo, ejecutivas y organizativas de las comunidades autónomas.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Salud_(Espa%C3%B1a)


1.1.5. Recapitulación

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es, por lo tanto, el conjunto coordinado de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos.


El Sistema Nacional de Salud de España es hoy, en 2010, fruto del trabajo de varias generaciones de españoles, y se origina a partir de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos, consagrados en la Constitución Española.


La asistencia sanitaria ha sido, y sigue siendo, uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar en España, junto con la educación, las pensiones y los servicios de protección social. Sus características de financiación pública, universalidad y gratuidad en el acceso, unidas a la calidad y seguridad de sus prestaciones, han reportado enormes beneficios al conjunto de la sociedad.


En primer lugar, podemos identificar la atención a la salud como uno de los principales instrumentos de las políticas redistributivas de la renta entre los ciudadanos españoles: cada persona aporta impuestos en función de su capacidad económica y recibe todo tipo de servicios sanitarios, simplemente, en función de sus necesidades de salud.


En segundo lugar, ha permitido una mejora progresiva de todos los indicadores de salud, que proporciona una mayor calidad de vida a los ciudadanos y sitúa a España entre los países con mayor esperanza de vida.


Todo ello infunde a la atención sanitaria un potente valor en la cohesión social, porque una población sana es requisito imprescindible para el crecimiento económico y para la prosperidad.


La gestión descentralizada del Sistema Nacional de Salud ha aproximado la administración al ciudadano, garantizando la equidad, calidad y participación. Pero, además, su vocación de coordinación entre las distintas comunidades autónomas posibilita un intercambio de experiencias que enriquece los resultados y otorga más seguridad a las decisiones que afectan a los pacientes.
Fuente: http://www.msc.es/organizacion/sns/docs/sns2010/Principal.pdf


Todos los trabajadores por cuenta ajena y autónoma deben afiliarse y abonar cotizaciones mensuales a la seguridad social a través de su empresario. Se le entregará una cartilla de la seguridad social, que le da derecho a asistencia hospitalaria y médica gratuitas. Se puede contratar también un seguro privado pero los gastos de tratamiento no se reembolsan excepto en algunos casos de urgencia. En España el 40 % del tratamiento médico es privado.

El tratamiento es gratuito si se acude a un médico que trabaje en el sistema de la seguridad social, si se requiere un tratamiento especial, el médico envía al paciente a especialistas mediante un informe oficial.

Los medicamentos son prescritos siempre por el médico en receta oficial. Algunos medicamentos no están cubiertos por la seguridad social.

El tratamiento en hospitales es gratuito dentro del sistema de seguridad social, los pacientes también tienen derecho a determinados servicios, prótesis, ortopedias, transfusiones, etc. de forma gratuita cuando resulte necesario.

Se puede obtener cobertura médica privada, dirigiéndose a una de las muchas sociedades médicas privadas que hay en España y que figuran en las Páginas Amarillas como "Sociedades Médicas".
Fuente: http://www.aemigrar.com/espana/salud.php#1


Resumiendo: se trata de un sistema de asistencia hospitalaria y médica gratuita de cobertura prácticamente universal, en el que es obligatoria la afiliación a la Seguridad Social. Al tratarse de un sistema contributivo, esa financiación entraña el pago de una cuota mensual a la Seguridad Social. Con esa cuota se obtiene una tarjeta sanitaria que garantiza la cobertura hospitalaria y médica en todo el territorio español. Además, a título complementario, los ciudadanos pueden contratar seguros médicos privados (Sanitas, Adeslas, Asisa, etc.).