El artículo 10 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que la financiación de la Sanidad Pública en España es responsabilidad de las comunidades autónomas de conformidad con los acuerdos de transferencias y el actual sistema de financiación autonómica, sin perjuicio de la existencia de un tercero obligado al pago. La suficiencia para la financiación de las prestaciones viene determinada por los recursos asignados a las comunidades autónomas conforme a lo establecido en las leyes de financiación autonómica.

La inclusión de una nueva prestación en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud se acompañará de una memoria económica que contenga la valoración del impacto positivo o negativo que pueda suponer. Dicha memoria se elevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su análisis y aprobación si procede.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Salud_(Espa%C3%B1a)


El Sistema Nacional de Salud (INGESA) es el garante de las prestaciones.

Como ya hemos dicho en el apartado anterior, todos los trabajadores por cuenta ajena y autónoma deben afiliarse y abonar cotizaciones mensuales a la seguridad social a través de su empresario. Se le entregará una cartilla de la seguridad social, que le da derecho a asistencia hospitalaria y médica gratuitas. Se puede contratar también un seguro privado pero los gastos de tratamiento no se reembolsan excepto en algunos casos de urgencia. En España el 40 % del tratamiento médico es privado.

El tratamiento es gratuito si se acude a un médico que trabaje en el sistema de la seguridad social, si se requiere un tratamiento especial, el médico envía al paciente a especialistas mediante un informe oficial. Los medicamentos son prescritos siempre por el médico en receta oficial. Algunos medicamentos no están cubiertos por la seguridad social. El tratamiento en hospitales es gratuito dentro del sistema de seguridad social, los pacientes también tienen derecho a determinados servicios, prótesis, ortopedias, transfusiones, etc. de forma gratuita cuando resulte necesario.

La atención a la salud constituye uno de los principales instrumentos de las políticas redistributivas de la renta entre los ciudadanos españoles: cada persona aporta impuestos en función de su capacidad económica y recibe servicios sanitarios en función de sus necesidades de salud.

La asistencia sanitaria para enfermedad común y accidente no laboral en España es una prestación no contributiva financiada a través de los impuestos e incluida en la financiación general de cada comunidad autónoma.

En el año 2006 se cumple el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Dicha Ley posibilitó el tránsito desde el antiguo modelo sanitario de Seguridad Social al actual modelo de Sistema Nacional de Salud, financiado con impuestos generales y de cobertura prácticamente universal. Desde entonces hasta ahora se han producido profundos cambios que han alterado la realidad de la sanidad pública, entre ellos la culminación del proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas en 2002, que la han convertido en uno de los principales pilares del actual Estado del bienestar.
Fuente: http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/LIBRO-BAJA.PDF


Desde 1.1.1999, según lo dispuesto en el Título I, Capítulo III, de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, y como expresa el párrafo 14 de la Exposición de Motivos de dicha norma, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la «desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social».

Es, pues, a partir de dicha fecha que culmina la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de todos los ciudadanos en las más variadas e indistintas formas impositivas con que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los servicios que ha de prestar (IVA, IRPF, IS, etc.).

No es una asistencia sanitaria gratuita para todos, como a menudo se dice, ni lo es ahora ni lo ha sido nunca, únicamente se produce una modificación de la forma de obtener el dinero de los ciudadanos para financiarla, extrayéndolo del mismo fondo para todos los residentes en España en vez de que una parte gravite sobre menos de la mitad de la población, la que trabaja, a través de cuotas directas sobre salarios aportadas por trabajadores y empresarios y otra parte gravite sobre el conjunto de los residentes en territorio nacional a través de las aportaciones del Estado con cargo a los impuestos generales.
Fuente: http://noticias.juridicas.com/articulos/25-Derecho%20Sanitario/200412-24559251010443290.html


Los datos disponibles, referidos al año 2003, sitúan el gasto sanitario público en España en 41.199,7 millones de euros, lo que supone un 71,4 % del gasto sanitario total del país, que asciende a 57.698,7 millones de euros. El gasto sanitario total en España como porcentaje del PIB es de 7,7.

El porcentaje sobre el PIB de gasto sanitario público es del 5,5 % y el del gasto sanitario privado es el 2,2%.

En cuanto a la composición del gasto son los servicios hospitalarios y especializados los que representan un mayor porcentaje del mismo, seguidos por la prestación farmacéutica y los servicios de atención primaria de salud. La razón principal del aparentemente pequeño peso relativo del componente Salud Pública se deriva, además de por la forma de definir y clasificar esta actividad en los sistemas contables, del hecho de que las actividades de salud pública, prevención y promoción, se desarrollan básicamente a través de la red de Atención Primaria.

En cuanto a la clasificación económico-presupuestaria la remuneración del personal es la partida con mayor peso en el gasto sanitario público.

La actividad concertada supone un 11,8% del mismo.
Fuente: http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/LIBRO-BAJA.PDF


Para el año 2009 la previsión presupuestaria de las comunidades autónomas es de 58.960,3 millones de euros, lo que supone 1.320 euros por persona protegida. Los presupuestos iniciales para la sanidad, en ese mismo año, del resto de los agentes que integran el Sistema Nacional de Salud, en millones de euros, son: Administración Central 4.685,7, Seguridad Social 1.824,4 y mutualismo administrativo 2.060,5. La previsión de las entidades locales, es de 1.068,9 millones de euros.
Fuente: http://www.msc.es/organizacion/sns/docs/sns2010/Principal.pdf


La financiación sanitaria está integrada en la financiación autonómica general, y no tiene ingresos fiscales finalistas.

La razón principal de la preferencia de un nuevo sistema de financiación autonómica hay que buscarla en el papel que juegan los servicios sanitarios en el gasto público de las comunidades autónomas una vez éstas asumen su gestión. La proporción del gasto sanitario en el total del gasto público de cada comunidad supuso, según las estimaciones más recientes, un promedio del 37,6% para cada comunidad autónoma en el año 2003 (Grupo de Trabajo de Gasto Sanitario, 2005). Sin el traspaso de los servicios sanitarios, una cesión de impuestos tan amplia como la que tuvo lugar hubiera carecido de justificación, y los ingresos de las diez CCAA citadas se habrían reducido en proporción. A su vez, aceptar una situación de traspasos sanitarios diferente para distintas comunidades autónomas hubiera determinado la aplicación de sistemas de financiación diversos para cada uno de los grupos de comunidades autónomas constituidos conforme a los servicios traspasados a la responsabilidad de su gestión. Esto habría roto de nuevo la homogeneidad del sistema de financiación autonómica, que era otro de los objetivos prioritarios de su implantación.

En el sistema indiferenciado de financiación actual los ingresos autonómicos están constituidos por sus impuestos propios y, de manera mayoritaria, por porcentajes diferentes de una “cesta” de impuestos (IRPF, IVA, impuestos especiales) recaudados en su mayoría por la AGE en el territorio de cada CA, distribuidos también en su mayor parte (98%) a cada una de ellas mediante adelantos mensuales con arreglo a las previsiones recaudatorias correspondientes a cada Administración.
Pese a la adscripción de esos impuestos a su financiación general, la mayoría de ellos escapa a la capacidad real de intervención de las propias administraciones autonómicas, que carecen de capacidad normativa sobre la mayoría de ellos, así como de intervención en la propia recaudación. Esta situación pone en cuestión la existencia de mecanismos reales de “corresponsabilidad fiscal” (Sevilla Segura, 2005), que fue la razón principal por la que se justificó la implantación del nuevo sistema de financiación.

El sistema de “corresponsabilidad fiscal” debería suponer también que los incrementos de gasto por parte de las comunidades autónomas que estén por encima de la financiación recibida acordada debieran ser atendidos con cargo a su propia responsabilidad, bien sea por la mejora de la actividad recaudatoria de los tributos recaudados en su propio territorio, o por el establecimiento de recargos tributarios propios sobre los impuestos cedidos total o parcialmente, dos campos en los que la capacidad de las CCAA, como se ha indicado en el apartado anterior, es casi inexistente. A su vez, el margen de incremento de los ingresos por la mejora de la capacidad recaudatoria de los tributos propios, en relación con el volumen de éstos, parece escaso.
Fuente: http://www.administracionsanitaria.com/node/67